La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó finalmente a Álvaro García Romero para ser juzgado en ese tribunal.
García, condenado a 40 años de cárcel como determinador de la masacre de Macayepo, entra como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.
La decisión de la JEP se da después de haberle negado su ingreso hace dos años cuando la Procuraduría conceptuó que se trataba de un paramilitar que incursionó en la política y no de un político que incursionó en el paramilitarismo.
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El acogimiento está contenido en la Resolución Nº 699 del 22 de febrero y consta de 48 folios. El magistrado ponente es Camilo Andrés Suárez Aldana.
La decisión puede ser apelada y repuesta. En el documento, la JEP le advierte a Romero, exsenador oriundo de Ovejas, que ante cualquier incumplimiento puede perder el tratamiento especial y el beneficio concedido.
El 23 de febrero de 2010, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador, preso en La Picota, por el delito de concierto delinquir agravado, peculado por apropiación y desplazamiento forzado.
De acuerdo con las pruebas, «el aforado estaba en la cúpula de una estructura criminal integrada por un número plural de personas articuladas de manera jerárquica, quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes –los cuales pueden constituir en órdenes en secuencia y descendentes, realizaron conductas punibles, fenómeno que es factible comprenderlo a través de la metáfora de la cadena”.
El hecho de haber sido admitido en la JEP indica que García presentó un programa de aporte a la verdad.
En una reciente entrevista, la única desde que está condenado, el denominado gran cacique político de Sucre aun desde la cárcel aseguró que hablará sobre aforados y exfiscales, así como de otras personas y casos trascendentales.
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