La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio este 6 de marzo un ultimátum a la alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro López.
Si no envía a ese tribunal, en el plazo que da la ley, información sobre lugares donde hay posiblemente cuerpos de víctimas por el conflicto, será arrestada hasta por cinco días.
Balseiro, a quien es raro verle en eventos públicos oficiales y comunitarios, fue requerida hace cuatro meses por la JEP y aún no responde.
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La primera vez fue el 8 de noviembre de 2018, cuando la JEP le pidió información sobre cuatro sitios documentados por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que están en camino a ser protegidos para buscar NN.
La segunda fue el 21 de diciembre de 2018, cuando la JEP le reiteró su obligación de suministrar la información.
«Las administraciones municipales de Nechí y Cáceres del departamento de Antioquia y San Onofre de Sucre no respondieron a la solicitud de información realizada por la SARV en el auto 009 de 8 de noviembre de 2018, ni dieron respuesta al requerimiento proferido por esta Sección mediante Auto 012 de 21 de diciembre de 2018. Omisiones que no fueron justificadas de forma alguna», señala un tercer auto de la JEP.
Ese auto le advierte a Balseiro, elegida por el movimiento Mais, que ha activado en su contra el incidente de medidas correccionales, o sea, una última oportunidad jurídica para que responda, o será arrestada (Mira aquí el auto).
Por esa demora, la alcaldesa también deberá rendirle cuentas a la Procuraduría, adonde automáticamente pasó el proceso.
En silencio
sucrenoticias.com llamó y le envió un mensaje a la alcaldesa de San Onofre para conocer su versión sobre esta decisión de la JEP en su contra, pero no nos ha respondido, como lo hizo el 27 de diciembre de 2018, cuando el gobernador la criticó fuertemente por su falta de voluntad política.
Lo que busca la JEP
La intención de la JEP con que la mandataria responda es recopilar los datos necesarios para decretar medidas cautelares sobre el Cementerio Central de San Onofre, el de Rincón del Mar, la finca La Alemania y la finca El Palmar, donde el Movice sostiene que hay cuerpos de víctimas del conflicto armado.
La sección de la JEP que se encarga de esos casos es la de primera instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad.
Las más perjudicadas con la demora son las víctimas, que esperan saber dónde están sus familiares desaparecidos, que les entreguen los restos, que los responsables paguen, que las reparen y que el Estado garantice que lo ocurrido no vuelva a suceder.
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