La Fiscalía imputó este viernes a Jorge Luis Salazar Urzola, representante legal de la Fundación sin ánimo de lucro Fe y Salud, y a Drenis del Carmen Anaya Herazo, empleada de la misma organización, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Por disposición de un juez de control de garantías, los dos procesados no recibieron medidas privativas de la libertad, lo cual que fue apelado por la Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, estas dos personas están presuntamente involucrados en las presuntas irregularidades detectadas en tres convenios suscritos por la Alcaldía de San Juan de Betulia en 2016.
Los contratos superaron los $732 millones y pretendían impulsar los programas y actividades de interés público en el Centro de Vida del Adulto Mayor del municipio. Al parecer, los dineros fueron pagados y los servicios y atención a la población nunca se cumplieron.
Por estos mismos hechos, el 4 de octubre de 2017, fueron capturados el alcalde de San Juan de Betulia (Sucre), Fernando Antonio Avilés Tovar; el tesorero municipal, Tomás Arrieta Gil; y el secretario de Asuntos Sociales, Eider Manuel Moreno Arias.
En su momento, el mandatario local fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario y los otros dos funcionarios recibieron detención domiciliaria.
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