Este martes, 15 de noviembre, se reanudó la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los exalcaldes del municipio de San Onofre Sabas y Maida Balseiro, tío y sobrina, respectivamente, detenidos por presunta corrupción en un contrato para canalizar el arroyo Pajuil.
El primero en intervenir fue el representante de la Procuraduría, quien se mostró de acuerdo con la Fiscalía en pedir que los exalcaldes sean enviados a la cárcel.
No opinó lo mismo sobre los demás procesados, dos excontratistas y un exsecretario de Infraestructura, porque una medida no privativa de la libertad no afectaría la investigación.
De los exalcaldes aseguró que pueden ser un riesgo para el proceso en el sentido de que pueden obstruir la Justicia.
Eso lo justificó en que, según la Fiscalía, los exalcaldes, interceptados telefónicamente dentro de esta indagación, hablaron de contactos en la Dijin para evitar que el proceso que hoy los tiene detenidos caminara.
La Fiscalía, «confundida»
Después de la intervención de la Procuraduría, el juez le dio paso al abogado de otros implicados, pero este decidió ceder la palabra a su colega Inocencio Meléndez Julio, porque, según él, los elementos de prueba que iba a mostrar sirven también para la defensa de sus clientes.
Meléndez afirmó que la Fiscalía ha aplicado mal la ley porque ha mezclado normas y conceptos. Resumió eso en que, para señalar de corrupción a los implicados, la fiscal habló indistintamente de calamidad pública y de urgencia manifiesta.
Una está en la Ley 80 y la otra, en la 1523, lo que para el abogado no es aceptable porque el juez puede ser inducido a un error.
Maida y Sabas, así como los demás, fueron capturados y están investigados por presunta desviación de dineros, más de mil 800 millones de pesos, para la canalización del arroyo Pajuil.
En ese caso, la entonces mandataria declaró la calamidad pública para poder contratar de manera directa. Para la Fiscalía, Maida se basó en una situación ambiental de 2017 y el contrato fue en 2019.
Aunque para el ente investigador eso es ilegal, para Meléndez no hay irregularidades por varios motivos, entre ellos porque el contrato tuvo visto bueno de Gestión del Riesgo y de la Contraloría departamental.
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