La juez primero penal municipal de Sincelejo decidió, respecto de los 10 policías implicados en los hechos que terminaron en el asesinato de tres jóvenes del corregimiento de Chochó, enviarlos a la cárcel.
La funcionaria judicial consideró que los hechos fueron graves y que no hay otra medida que cumpla el fin constitucional de proteger a la comunidad que aquella que prive de la libertad a los agentes.
Para ella, en el caso de los abogados que buscaron la libertad de sus clientes al decir que obedecían órdenes y no tienen responsabilidad en los hechos, ese argumento no es válido porque los policías tenían la obligación de dar a conocer todas las irregularidades.
Además, ordenó a la Fiscalía y a la autoridad disciplinaria correspondiente, que investigue, si no lo ha hecho, cuatro cosas:
1. Qué personas que participaron en el operativo del 25 de julio y que arribaron al lugar del retén y que «hubiesen podido realizar actos de tortura».
2. Al patrullero Álvarez Ricardo, uno de los 10 enviados hoy a la cárcel, debido a que él tenía asignado un fusil y con esa arma, presuntamente, hirieron en la cabeza a una de las víctimas, y es necesario saber si ese fusil lo usó siempre él u otra persona.
3. Determinar las personas que, del grupo de apoyo como Goes Infancia y Adolescencia, MNVC (Vigilancia), Sijin, Sipol, Gaula, se ubicaron el 25 de julio de 2022 en puntos como La Gallera, Villa Rosita, Las Palmas, La Garita, entre otros, y con la utilización de arma traumática pretendieron retirar de cerca de Bellavista a un grupo de jóvenes que estaban practicando stunt (acrobacias en moto) –donde permanecían Jesús y José Carlos– con disparo, para ver si ello constituye delito o conducta disciplinaria, y «quiénes habrían incurrido en ello».
4. Para determinar si la subteniente María Camila Buriticá incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público por la información contenida en un informe sobre el caso.
Los policías deberán cumplir la prisión preventiva en la cárcel especial para funcionarios de Sabanalarga (Atlántico), pues en Sucre ya no hay este tipo de penitenciaría.
Los abogados de los implicados apelaron la decisión; un juez superior decidirá si la decisión de encarcelamiento se mantiene o se cae.
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