Una tensa calma se respira en el municipio de Coveñas a causa del conflicto que ha originado la construcción de la nueva vía Tolú-Coveñas.
La semana pasada, indígenas denunciaron el uso de la fuerza en un sector donde miembros de esta comunidad aguardaban en señal de protesta al lado de la maquinaria de la concesión que construye la vía.
El suceso ha sido el punto más alto de la situación y lo más preocupante es que ninguna autoridad se atribuye la supuesta intervención de la Policía para que la maquinaria quedara nuevamente en manos de la concesión.
En un comunicado a la opinión pública, la Concesión Ruta al Mar y el Gobierno Mayor de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia aseguraron este martes, 22 de marzo, que ni el alcalde, ni Policía, ni la Gobernación de Sucre tienen «información sobre quién había dado la orden».
«[…] la DANCP [Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa], la Personería de Coveñas y el Ministerio del Interior manifestaron su preocupación para la ocurrencia de estos hechos sin ningún conocimiento de las entidades competentes», dice el comunicado.
¿Por qué protestan?
Mientras la concesión se ocupa de la vía nueva, la maquinaria pesada está transitando por la vía Tolu-Coveñas y se está deteriorando la malla vial más de lo que está.
El malestar de la comunidad es que, aun con peaje, el estado de la vía es pésimo y mucho más ahora, cuando ha aumentado el tráfico de maquinaria.
¿Cuál es la solución?
En una mesa de diálogo efectuada el sábado, 19 de marzo, horas después de que fuera denunciado el uso de la fuerza, las partes acordaron que el 25 de marzo serán presentados informes a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior.
«[…] con el objetivo de que este ente gubernamental los analice y determine la procedencia o no para adelantar un proceso de consulta previa con las comunidades indígenas Isla Gallinazo y Torrente Indígena, decisión que será notificada con fecha máxima el 09 de mayo de 2022», se lee en el documento.
La concesión Ruta al Mar y la firma El Cóndor, contratista de la primera, añadieron que no han desvinculado personal como consecuencia de las protestas indígenas, y pidió no acudir a las vías de hecho, si bien respeta el derecho a la protesta.
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