A mediados de febrero de 2020, el médico Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde de El Roble Eudaldo ‘Tito’ Díaz, se dirigió de manera contundente a Salvador Arana Sus, exgobernador de Sucre, quien acababa de ser aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado no integrante de la fuerza pública.
“Esta es su última oportunidad, Salvador Arana Sus, de poder vivir o de terminar sus días al lado de su familia, de sus hijos”, sentenció Díaz hace ya un año y cinco meses.
Y Arana, quien le pidió a la JEP que lo acogiera y de quien se sabe busca quedar libre a cambio de uno de los requisitos para ello, decir todo lo que sabe sobre el conflicto, parece haber asumido aquella frase de Díaz.
El también exembajador de Colombia en Chile en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez presentó a la JEP un plan de verdad que reajustó a pedido de ese alto tribunal, y en él no solo da un viraje en el caso ‘Tito Díaz’, del que siempre negó su responsabilidad, sino que se refiere a los tentáculos del paramilitarismo en la administración pública.
De algunas de esas ventosas Sucre ya conocía secretos a voces. Lo novedoso es que están en boca de un condenado en la justicia ordinaria, otrora poderoso, gobernante y, en algunos casos, aliado de aquellos de los que promete declarar ante la JEP.
De señalarlos a pedirles perdón
El renovado plan de verdad de Salvador Arana Sus está enunciado en la Resolución 3370 del 14 de julio de 2021, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, y una parte de ella fue conocida por este diario.
La parte que se refiere al ‘caso Tito Díaz’ supone un vuelco total a la forma como Arana trató durante años a sus víctimas en la justicia ordinaria: de señalarlas de haber mentido en procesos judiciales pasa a reconocer la participación de él en ese caso y pide perdón.
“1. ACEPTO la verdad procesal dictada mediante sentencia en firme de única instancia con radicado no. 32672 proferida por la H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dice en una de las líneas, y añade: “RECONOZCO como sujetos de derechos vulnerados, que deben ser redignificados, a la víctima directa Eudaldo León Díaz Salgado (occiso) así como a las víctimas indirectas, su viuda MARTHA LIBIA SALGADO RODRÍGUEZ y sus hijo JUAN DAVID DÍAZ CHAMORRO, DAVID JESÚS DÍAZ SALGADO, LESIVIA LUZ DÍAZ SALGADO Y JUAN CARLOS DÍAZ SALGADO, ante quienes me presento en condición de CONDENADO y me comprometo expresamente a reconocer esta condena ante la justicia nacional, así como la internacional”.
Con esta última afirmación, y dando más señales de ese viraje, Arana aclara, y conjuga el anterior verbo en mayúscula sostenida, que ha desistido de su pretensión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que esperaba revisara su caso por considerar que le habían violado el derecho al debido proceso en el ‘caso Tito’. Al contrario, reitera que esa sentencia hoy la reconoce, acepta y acata.
“En muestra de un comportamiento coherente, manifiesto que no pretendo acudir ante dicha vía para alterar la vigencia de las condenas proferidas en mi contra y, en cambio, centraré todos mis esfuerzos en comparecer ante la JEP para aceptar la verdad procesal, a partir de ella aportar una verdad que vaya más allá e intentar reparar a las víctimas individuales y a la sociedad en general por el daño causado”, señala la Resolución.
Una de las medidas con las que Arana se compromete en su reajustado plan de verdad es la de redignificación y resignificación. Y entonces, nuevamente en mayúscula sostenida, declara: “PIDO PERDÓN a la señora Martha Libia Salgado Rodríguez e Hijos. cada uno en su individualidad, a quienes reconozco como personas dignas y sujetos de derechos vulnerados y me comprometo a repararlos, aportando toda la verdad que conozco sobre el homicidio del Sr. Díaz Salgado, incluso, la que aún no se ha dicho en justicia ordinaria (sic)”.
El erario a favor de los ‘paras’
La parte siguiente del documento es un rompecabezas pendiente por armar en Sucre y del que solo se sabe lo que la justicia ordinaria ha probado y algunos exparamilitares que vestían camuflado han declarado, pues ningún procesado, exservidor público como Arana, se ha referido antes a ello: cómo los dineros públicos estuvieron a favor del proyecto paramilitar y el reconocimiento del daño que eso causó a la sociedad.
El exgobernador va más allá –y en eso también se diferencia de otros exservidores públicos condenados por aliarse con los ‘paras’– y pide perdón por ese delito.
“ACEPTO, igualmente, la verdad procesal dictada mediante sentencia en firme de única instancia con radicado no. 35954 proferida por la H. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por peculado a favor de terceros (paramilitares) y mediante acusación del 29 de julio de 2016, radicado 9713-6, por falsedad ideológica en documento público proferida por la F. 6a delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En este punto, es importante aclarar que, aunque la acusación no supone una “verdad procesal” todavía, lo cierto es que ella se refiere a los hechos del radicado no. 35954 y, por lo tanto, la incluyo en este acto. Ruego a la autoridad que interprete esto como una muestra de la buena fe procesal y transparencia ante la JEP en el máximo esfuerzo de incluir en este escrito toda la verdad procesal”, sostiene Arana en lo que reconoce como su participación en el desvío de recursos públicos a favor de las Auc.
“En este caso, no conozco a las víctimas individuales, pero RECONOZCO que haber desviado recursos a favor de los actores de conflicto afectó a toda la sociedad. En ese sentido, reconozco mi responsabilidad por contribuir al conflicto armado en vez de a la paz, como me lo mandaba mi cargo público y mi deber como ciudadano. Por eso, PIDO PERDÓN a la sociedad por haber desviado los recursos mediante actos de corrupción desde mi calidad de Gobernador de Sucre que buscaron (y lograron) financiar el conflicto. Yo tenía el deber de cuidar de los recursos y, en cambio, activamente los destiné a promover el proyecto paramilitar en la región, comulgando en ese entonces con unas premisas que hoy me arrepiento. Por eso, a la par en que hago este acto de aceptación de la verdad procesal, refrendo mi compromiso por intentar redignificar y resignificar a la sociedad a través de mi paso por la JEP (sic)”.
En el siguiente punto, Arana se refiere hechos que, según él, no conce la justicia ordinaria y que narran las relaciones del Estado (políticos-mandatarios y fuerza pública) con las Auc, en especial con el bloque Montes de María, autodenominado “héroes”.
Arana asegura que esas relaciones ya existían en Sincelejo y San Onofre cuando él llegó al poder como gobernador, y detalla que la infiltración en el ámbito político de ese bloque se dio, inicialmente, a nivel municipal con la elección atípica del alcalde de Tolú Alfredo Navas, “en donde el jefe político era el médico Wilher Cobo”.
“Luego, para el 2002, las AUC participaron con candidato propio a la Cámara de Representantes en cabeza de Muriel Benito Rebollo con la alianza al senado de Jairo Merlano”, resume el documento de la JEP, que agrega que el grupo político de Arana, en las elecciones del Congreso de 2002, “tuvo que apoyar a Jorge Luis Feris Chadid (hermano de Salomón Feris alias “08”, comandante de las AUC y cercano a Salvatore Mancuso) en su elección a la Cámara de Representantes)”.
“Esto, con la finalidad de que ese grupo no se opusiera a la campaña del suyo (encabezado por Rodrigo Pelufo alias “Cadena” y Eduard Cobos Téllez alias “Diego Vecino”) en los municipios del Golfo (Tolú, San Onofre, Coveñas, Toluviejo) y otros del departamento de Sucre”, señala enseguida la Resolución.
La incursión de las Auc en la política continuó en 2003, cuando, según Arana, empezaron a participar de lleno y abiertamente, imponiendo sus candidatos a las alcaldías, concejos, Asamblea y la Gobernación de Sucre, “de manera que el poder paramilitar se convirtió en la principal herramienta política de la región”.
“En consecuencia, inicialmente el grupo armado apoyó a Édgar Martínez Romero, luego a Jorge Anaya, quien era el candidato del movimiento liderado por Álvaro García Romero, sobre lo que indicó que se “atrevería a decir que hubo apoyo paramilitar para ambos candidatos y eso se demostró con el resultado que fue muy parejo, pero termino (sic) ganando Jorge Anaya”, dice otro párrafo de la providencia.
Con la elección de Anaya, añade Arana, el acuerdo con ‘Cadena’ era nombrar en la Secretaría de Educación al cuñado de este, Oswaldo Ayala, y para la Contraloría “se acordó elegir al señor Rafael González, candidato de alias “Cadena” y de Muriel Benito Rebollo. Todos estos nombramientos tenían el aval del jefe político de Anaya, Álvaro García”, complementa la Resolución.
“Como resultado de estas acciones, las AUC tuvieron el control de los recursos de los municipios en los que ejercían control y servían a sus propósitos (Tolú, San Onofre, Coveñas, San Antonio de Palmito y Toluviejo, además de aquellas en las que había coalición con otros grupos políticos: Sincelejo, Morroa, Corozal, Los Palmitos, Sincé, Sampués, entre otros)”, sigue en el documento.
Las regalías eran una de las fuentes de financiación de las Auc, y sobre ellas Arana da a entender que las debió seguir desviando, pues a finales de 2002 fue invitado a una reunión por el gobernador saliente, Eric Morris, en la que se (sic) estuvo también el señor Salvatore Mancuso y fue auspiciada por su vocero, Víctor Guerra, cuya finalidad era hacer el empalme sobre unas cuentas que se estaban pagando a cargo de las regalías de Tolú, que las AUC pretendían que se siguieran pagando durante la administración del compareciente”.
“Sostuvo que, pese a que estos dineros se pagaron, no recibió suma alguna, ya que se entregaban directamente a la señora María Angélica Esquivel quien, según ella, entregaba las correspondientes sumas a alias “Negro Ricardo”, persona designada por las AUC para el efecto. Por otra parte, el señor Aníbal García era el encargado, desde la administración de Eric Morris, del proceso de revisión y pagos con recursos de regalías.
La cita
La audiencia en la que Arana deberá exponer “los pormenores de la propuesta de régimen de condicionalidad ajustada”, es decir, su nuevo plan de verdad con el que aspira a beneficios jurídicos, será a partir de las 9:00 de la mañana del 19 y 20 de agosto próximos, y a ella también tienen derecho a asistir las víctimas, si así lo desean, como intervinientes especiales y en compañía de sus abogados.
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