El abogado Jhon Turizo Hernández, denunciante principal de posible corrupción en la compra de mercados para entregar a personas pobres por parte del alcalde de Sincelejo, reaccionó a la decisión de la Contraloría de archivar la investigación contra Andrés Gómez Martínez.
Turizo, quien fue amenazado tras estas denuncias, precisó que se abstiene de pronunciarse «de fondo» sobre esa decisión, pero informa que, en conjunto con la organización Transparencia por Colombia, está analizando «toda esta telaraña de corrupción».
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«Puedo informarle a la opinión pública que en la decisión de ese archivo procesal todo indica que fue producto de actos de fraude procesal y falsedades burdas con el uso verdaderos suicidas laborales», señaló.
Turizo consideró que «con los mercaditos han hecho un sancocho corrupto» que tiene un nuevo «ingrediente sazonador».
El denunciante sostuvo que este «sancocho corrupto se carga de buen picante» con todo lo que ha acontecido y sobre el alcalde encargado, Jorge Mario Herrera Betín, manifestó que ha sido solo una figura decorativa.
«Lo digo por lo siguiente: ¿cómo es posible que a una persona le encomienden administrar un parqueadero y ni siquiera haya cambiado los candados y cerrojos de ese lugar? El alcalde encargado se dejó cargar documentos en el Secop, en fecha 26 de mayo, de los cuales nadie conocía, y demás barbaridades, y eso le ocurre a personas con espíritus bonachones y frescos. Sería lamentable que el alcalde encargado resulte involucrado en acciones disciplinarias y penales», agregó.
Turizo indicó que el alcalde encargado debe tener un inventario de actos administrativos expedidos durante mayo y más aún sobre cuántos actos y documentos existen en los contratos 003 y 004 (de 2020) y cuántos de ellos fueron publicados en la gaceta municipal.
«Se requiere de un verdadero gerente para que rija o dirija los destinos de Sincelejo, que logre recuperar la confianza en la institucionalidad. El gerente no debe estar al servicio de ninguna casa política», añadió.
Sobre el término «suicidas laborales», Turizo explicó que son funcionarios a los que no les importa una inhabilidad por muchos años a causa de prestarse para lo que él considera que en este caso es un «fraude procesal» para inducir al error a la Contraloría.
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