Los 24 años de la masacre de El Salado, en El Carmen de Bolívar, que se extendió hasta los corregimientos de Canutal, Canutalito y la vereda Pativa (Ovejas) y dejó más de 63 muertos, 23 desaparecidos y 400 desplazados, coincidieron con una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que víctimas de estos y otros hechos criminales en Montes de María siguieron contando el horror que vivieron.
La diligencia tuvo lugar este viernes ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, en Sincelejo, donde asistieron 20 víctimas y un grupo de representantes de colectivos y organizaciones.
El motivo, ampliar el informe entregado en desarrollo del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Uno de los rostros de Sucre que se vieron en la JEP fue el de Jairo Barreto, representante de la Asociación de Víctimas de Chengue (Asoviche), quien también participó por las víctimas en el proceso de paz de La Habana.
Las víctimas acreditadas reafirmaron que están comprometidas con buscar la verdad y la restauración del tejido social de su territorio.
El espacio también les permitió reconstruir los hechos violentos vividos, describir las afectaciones individuales y colectivas a causa del conflicto, así como exponer sus expectativas y propuestas sobre el proceso restaurativo «como un propósito de paz y reconciliación que permita la construcción de un proyecto de vida colectivo para las comunidades de la región».
«Tenemos 24 años de estar armando pedazos, y aún nos faltan; agradecemos a la JEP su compromiso», expresaron los sobrevivientes en referencia a la masacre de El Salado y la denominada Zona Baja de Ovejas.
Las víctimas dialogaron con la magistrada María del Pilar Valencia, relatora del subcaso Montes de María y Municipios Cercanos.
La togada aseguró que el trabajo de la JEP tiene sentido si se llena de contenido el principio de centralidad de las víctimas, «que es la columna vertebral de la JEP, que se concreta, entre otras, con la participación efectiva e informada de las víctimas, para alcanzar la justicia y verdad que se nos reclama y que se exige también al Estado y a una sociedad que pudo haber dado la espalda a lo que ocurrió».
Antes de participar en la audiencia, que tuvo enfoque restaurativo, las víctimas se reunieron previamente con la magistrada para facilitar el diálogo, discutir temas centrales sobre el avance de la investigación y reflexionar sobre la justicia transicional restaurativa, por lo cual la diligencia comenzó con un acto simbólico a cargo de los sobrevivientes.
«Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas, las personas sobrevivientes de Montes de María y sus municipios cercanos, hicieron aportes que permitieron que la Sala de Reconocimiento viera a esta región como un territorio crítico de victimización, como una región con un alto grado de impunidad y una justicia incompleta, en la que un análisis más profundo de los hechos podría dar lugar a comprender las razones del conflicto, identificando patrones de macrocriminalidad», consideró la magistrada.
El Caso 08 está actualmente en la fase dialógica, y lo que sigue es que los presuntos responsables identificados sean escuchados y sus versiones, contrastadas.
«Las medidas restaurativas es lo que ustedes esperan como comunidad para sentirse honrados, tratados dignamente y fortalecidos para seguir adelante con dignidad, y la JEP trabaja en ello» afirmó la magistrada Valencia, quien calificó a las víctimas de Montes de María como «valientes, persistentes y resistentes».
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