Entre los familiares de decenas víctimas de desaparición forzada que concurrieron este fin de semana en un hotel de Sincelejo estaban tres que no solo compartieron la tristeza de tener a un ser querido desaparecido. Además de eso, una inexplicable expresión en sus rostros ante lo que para cualquiera sería una más de las rutinarias diligencias de toma de muestras biológicas para intentar, una vez más, dar con quienes no ven hace años.
La expresión, solo perceptible para quienes han visto antes a estas personas derrumbadas por el llanto y el dolor, tiene un nombre en común que a la vez es propio: esperanza. Así lo siente Petrona Blanco Mendoza, quien hace 19 años busca a sus hermanos Javier Blanco Mendoza y Jesús Alberto Mendoza Flórez, de 30 y 20 años, para la época.
«Yo estoy segura de que ahora sí van a aparecer mis hermanos, que desaparecieron el 16 de julio de 2002», dice, con una convicción irrefutable y una tímida sonrisa escondida bajo un tapaboca que no se quita ni siquiera por saberse completamente vacunada contra la covid-19, pues quiere estar saludable para cuando llegue la primera noticia positiva en el caso de sus parientes.
El 19 de noviembre de 2019, entonces sin tapaboca, en una trascendental visita de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Petrona vio sus fuerzas menguadas al pisar la finca El Palmar, en San Onofre –centro de operaciones de paramilitares al mando de alias ‘Cadena’–, tras un «pálpito» que le susurró que ahí están enterrados sus hermanos. No lo puede describir, manifiesta ella, quien casi termina esta entrevista por un nudo en la garganta.
El contraste de emociones, la del día de la finca y la del hotel para la toma de muestras, parece impensable. La esperanza que experimenta es como una especie de sano contagio que se impone en esta época de pandemia, porque Rumalda Paternina Oviedo y María Arrieta Montes también sienten lo mismo: que llegó la hora de que el hijo de la primera y el esposo de la segunda por fin aparezcan.
El hotel en que coincidieron, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, surgida del Acuerdo de Paz, recogió muestras de sangre y saliva como parte del plan regional Morrosquillo, uno de los cuatro que tendrán lugar entre Sucre y Bolívar, para, ahora sí, saber qué pasó con los que no están a causa del conflicto armado.
De Javier y Jesús Alberto solo se sabe que estaban en San Onofre, a donde habían viajado desde Sincelejo; vivían con Petrona y trabajaban como vendedores y reparadores de electrodomésticos. Una jornada de trabajo de la que no han regresado.
«Yo tengo las esperanzas en que me van a llamar a decirme que mis hermanos aparecieron. Ahora sí hay esperanzas porque están la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en esto. Aquí la Fiscalía no ha hecho nada», afirma, con igual contundencia, después de esquivar el doloroso recuerdo de la ida a El Palmar, por demás, un desafortunado referente de terror en Sucre –antes una tranquila y próspera finca familiar–, del que muchos de quienes apenas han visto desde el umbral confiesan que produce intranquilidad, miedo y toda suerte de sensaciones negativas. «Sentí el poder que ahí es donde están mis hermanos», describe Petrona.
Aunque al que citaron a la toma de muestra fue a su hermano Orlando, pues a ella ya se la tomaron hace 11 años, lo acompañó porque siente que el momento de saber de sus hermanos está cerca.
Rumalda, otro símbolo de esperanza
En un sofá del hotel, cerca de Petrona, pero lo suficientemente distantes como para no verse ni escucharse, a Rumalda Paternina Oviedo, también se le ve una expectante manifestación en lo que se alcanza a asomar de su cara protegida del virus.
Su historia es de las más conocidas en Sucre porque ella es la presidenta de la Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria, un colectivo mayoritariamente femenino que encarna la lucha de quienes buscan a un ser querido desaparecido. Son madres, hermanas, esposas que también sensibilizan. Todos los 5 de cada mes protagonizan un plantón en el Parque Santander de Sincelejo. Ante la pandemia, ahora son plantones virtuales.
«No pierdo las esperanzas, estas son las últimas que se pierden y creo que el mismo dolor nos ha hecho crecer, sentir y darle el valor a todos los desaparecidos en Colombia, y sé que así sea una uña que recibamos de nuestros familiares, nos damos por bien servidas», cuenta, con el mismo dejo de desahogo que suele desarrollar al hablar en público o para la prensa. Evidentemente, es un revivir el dolor.
Rumalda espera a Juan Carlos Escobar Paternina, su hijo, quien desapareció en Molongá, corregimiento de Tolú, donde jugaban unas vaquillas, el 20 de marzo de 2004. La zona era de dominio paramilitar y estos son los presuntos responsables de ese hecho, del que también ha habido referencias en versiones del sistema de Justicia y Paz.
«Nosotros teníamos dudas de que las pruebas que nos tomó la Fiscalía no estaban dando resultados, y, gracias a Dios, se ha dado esto, con lo que tenemos muchas expectativas de que sí se nos va a dar el goce efectivo de nuestros derechos, porque hemos visto el interés de la Unidad de Búsqueda y del Movice para que así sea», dice, con firmeza de discurso.
«Si me lo hubieran matado allí mismo, fuera mejor»
María Arrieta Montes, de 57 años, y su hijo Carlos Gracia acababan de salir del salón del hotel donde desarrollaban el plan Morrosquillo y enseguida tomaron asiento de nuevo. Ya no para atender a antropólogos forenses o técnicos judiciales, sino para contarle a este medio la poco conocida historia de José Daniel Gracia Narváez, esposo y padre, respectivamente.
Ni una razón, nada que avive la posibilidad de encontrarlo, han obtenido de él. Hombres armados se lo llevaron la madrugada del 28 de febrero de 1997, de su casa de corregimiento San Rafael (Ovejas), Montes de María, supuestamente porque él conocía unos caminos y se los iba a enseñar, pero esa fue la última vez que supieron de él. Los hombres habían dicho que lo regresarían tres días después.
«Quiero saber dónde está. Sea vivo o muerto. Si ya lo hubiese encontrado, estuviera en paz, y si me lo hubieran matado allí mismo, fuera mejor, pero no sabemos a dónde lo llevaron. Han sido 25 años muy duros, tuve que trabajar sola para sacar a mis siete hijos adelante, hasta desplazada estuve en Sincelejo tres años porque me dijeron que después venían por mí», confiesa al lado de Carlos, el menor de todos y quien permitió que le tomaran muestras porque hay candidatos más ideales en el proceso de identificación, y él es uno de ellos.
“Esta nueva toma de muestra es la esperanza que tenemos para ver si lo encontramos”, coincidiendo en palabra con Rumalda y Petrona. El sentimiento en común es notorio en cada una… y convincente.
¿Por qué es esperanzadora?
Para intentar entender lo que sienten estas víctimas no hay que ir muy lejos de donde están. Ella del Castillo, la directora para Sucre y Bolívar de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tiene una explicación. No solo por el método, sino por la confianza que genera en las víctimas, quienes la conocen en trabajos humanitarios desde hace más de una década.
En cuanto a la forma, Del Castillo indicó que se trata de un proceso iniciado antes de la pandemia e interrumpido por la misma, pero, por fortuna, ya retomado, en el que las familias han sido previamente sensibilizadas, han participado en la socialización del plan y ayudado a construir un árbol genealógico que permita identificar a los familiares más indicados para un cotejo genético.
La novedad es que no son necesariamente los que siempre han liderado la búsqueda, y ese es un componente especial porque se da un relevo generacional necesario, pues los años de trámites, revictimización, dolor, lágrimas y otras vicisitudes que enfrentan a diario desgastan y cargan. Por eso acudieron, por ejemplo, a Carlos Gracia.
Los criterios de la búsqueda también son especiales: agrupar las solicitudes diferenciando actores armados, tipología de desaparición, enfoque diferencial y generación de rutas de búsqueda. Un trabajo nada fácil si se tiene en cuenta que en Colombia el universo de desaparecidos de manera forzosa es de 26 mil personas.
Otros planes de búsqueda abarcarán la zona de Montes de María, en Sucre y Bolívar; Sabana y Canal del Dique. Esta última es el más grande reto de la Unidad: buscar desaparecidos en el lecho del río, porque es bien sabido que los actores armados los lanzaban al agua. Será la primera búsqueda de su tipo en Colombia.
Sobre la zona ribereña del Canal del Dique ya hay una orden de protección por parte de la JEP, así como la hay para cementerios de San Onofre y dos fincas de ese mismo municipio, entre ellas, El Palmar, porque se presume que muchos desaparecidos reposan en estas partes.
La información genética que recabe la Unidad será contrastada con la de otras entidades, lo que, según Del Castillo, permitirá una mayor efectividad de la búsqueda de los desaparecidos.
Petrona manifiesta estar «positiva», pero no tiene que decirlo porque se ve y se siente. Y Orlando no se queda atrás. Ambos creen que esta será la vencida: «Él dice que ahora sí, con la JEP –que está metida por delante–, están caminándoles a los desaparecidos. Ahora sí hay esperanza, porque eso estaba dormido», concluye una Petrona que, en medio de su drama, declara «alegría».
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