Este 31 de mayo se cumple un año de la muerte de la subteniente de la Policía Anlly Lorena Pérez Gómez, de 23 años, quien estaba adscrita al Comando de Sucre.
Pérez falleció a las 5:45 de la tarde en el Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), adonde fue llevada una patrulla desde el barrio Santa Catalina, donde sufrió un balazo en la cabeza.
La familia de la oficial, comandante del CAI Cruz de Mayo, sigue esperando el esclarecimiento del caso, en el que hay versiones sin establecer que hablan de suicidio y de homicidio con el arma de dotación del compañero sentimental de ella, el subintendente Jeison Orozco, quien tras este caso fue trasladado a Santa Marta.
El jefe de los abogados de la familia es Salvador Gutiérrez Lombana, coronel en retiro de la Policía que fue comandante de esa institución en Sucre en un período distinto al que le correspondió a la fallecida oficial.
Los abogados Salvador Gutiérrez y Nixon Forero, entrevistados por el periódico Al Día Sincelejo, declararon que hay un sin número de demoras en el proceso penal, así como de contradicciones y manipulaciones a las que fue sometida la escena de los hechos. Ellos buscarán demostrar que lo ocurrido fue un feminicidio.
A raíz de esta tragedia hay tres instancias en las que la investigan: una penal, una disciplinaria y una administrativa.
Gutiérrez explicó que en la parte disciplinaria están esperando que la Procuraduría asuma el poder preferente que solicitaron para tomar las riendas del caso pues consideran que hay hechos en los que la institución puede estar involucrada.
En la parte penal el proceso está en la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad de Vida. Al decir de los abogados, ahí hay lentitud y a eso se le suma el cambio de fiscal, quien primero debe estudiar el expediente.
“En lo penal se han recolectado muchos elementos de prueba, pero, por la pandemia, se ha avanzado muy poco. Sin embargo, lo que esperamos es que se produzca la imputación de cargos. Aquí hay que decirlo y es que se presentaron situaciones anómalas el día de la muerte de Anlly, hubo mucha contaminación (manipulación y alteración) de la escena. El arma implicada la recogió un policía de vigilancia que se la metió al bolsillo; demoras en la realización de la prueba de absorción atómica y por eso salió negativa; los mandos de la institución en Sucre, cinco oficiales en concreto, estuvieron en la escena dando órdenes, entre otras cosas”, aseveró.
Esta serie de acciones, a su juicio, pueden haber favorecido al compañero sentimental de la oficial.
Más inconformidades
El abogado Forero añadió que hay un testimonio de un integrante de la Policía que aseguró que 15 minutos antes de que ella fuera hallada herida, lo llamaron para decirle que la recogiera porque no aguantaba más la situación y que ella le había contado que su compañero le sentenció que, si no era para él, no era para nadie.
En la parte administrativa hay una demanda contra la Policía por fallas en el servicio, pues el compañero de Anlly estaba de descanso y era incorrecto que el arma de dotación estuviera en su poder. «Eso denota falta de control hacia los subalternos», señaló.
En contra del subintendente Orozco hay un proceso por el delito de falsedad en una fiscalía de la Unidad de Patrimonio porque él aseguró, al parecer, que convivía con ella desde 2017, tiempo en el que ella estaba apenas en la Escuela de Policía General Santander.
“Hay una conciliación plagada de mentiras sobre la convivencia de ella con el investigado, con la única intención de quedarse con la pensión de esta”, aseguró Forero.
Lo cierto del caso, y que fue recogido por medios de comunicación, es que, poco antes de escucharse el disparo, vecinos de Santa Catalina se percataron, por voces, de una discusión.
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