Exmiembros de la fuerza pública que fueron víctimas de minas antipersonal iniciaron en Sincelejo el proceso de acreditación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los exuniformados buscan así que se les reconozcan los daños que sufrieron a causa del conflicto armado y que la JEP investiga como parte del Caso 10.
Los afectados se reunieron con María Bernarda Díaz, fiscal territorial de la JEP, quien les explico los procesos que llega a cabo la entidad así como el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación.
Giovanni Álvarez, director de esa unidad, interactuó con los exintegrantes de la fuerza pública, quienes tuvieron un espacio para contar anécdotas acerca del desempeño de su servicio al Estado.
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