Doce días después de entrar en operación y luego de una polémica generalizada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada frenó los «patrullajes» del centenar de vigilantes que el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, dispuso para reforzar la seguridad pública.
La decisión de la Supervigilancia se dio después de una visita de inspección el pasado 21 de junio a la empresa Vipers Limitada, luego de conocer el publicitado «frente de seguridad» implementado por la Alcaldía.
La entidad gubernamental habla de una «medida cautelar» que incluye, «en general de todas aquellas [actividades] que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional».
La Supervigilancia calificó la situación como «de gravedad» y por eso llamo al orden a las empresas del sector de la vigilancia privada y a los contratantes.
«La prestación de este servicio debe ceñirse a la Ley 356 de 1994-Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada», concluyó.
En el momento de escrita esta nota la Alcaldía de Sincelejo mantenía discreción frente a la determinación del Gobierno nacional, quien desde el principio se opuso a este «frente de seguridad» por el riesgo de que termine «paramilitarizado».
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