La Fiscalía apeló la decisión de un juez de negar la medida de aseguramiento en contra del alcalde de Coveñas, Rafael Ospina Toscano, quien fue imputado por presunta corrupción en la compra de mercados para personas necesitadas por la emergencia sanitaria.
La negativa de la juez de Coveñas que atendió el caso también fue a favor de Fabián Enrique Maestre Machado, secretario de Planeación de Coveñas, y Carlos Miguel Moreno, representante legal de la Fundación Servicios y Consultorías Caribe – Funcaservicios, entidad que vendió los mercados.
«A pesar de que la Fiscalía aseguró que la medida de detención intramuros era necesaria, ya que los hoy procesados podrían obstruir la justicia y existe riesgo de no comparecencia, la juez negó la petición», informó el ente investigador.
La apelación será resuelta por un juez superior y hay dos escenarios posibles: que sea ratificada la medida de primera instancia o que el alcalde sea enviado a la cárcel.
En la audiencia la jueza cuestionó aspectos del proceso de contratación del que señaló que no había cumplido con el orden debido, que las cotizaciones para el estudio fueron adquiridas de manera incorrecta y que no siguió los parámetros de ley.
Una de las consideraciones del despacho es que el proceso desconoció los principios de la contratación estatal, que, pese a la emergencia sanitaria, no estaban suspendidos.
«Hubo una celeridad motivada por la pandemia y la urgencia manifiesta, pero ese no era motivo para que se contratara como se hizo», sostuvo la administradora de justicia.
Para la Fiscalía, el contrato del alcalde Ospina, suscrito el 24 de marzo por mil $206 millones, tuvo sobrecostos.
«Al parecer, los paquetes alimenticios se pagaron a $201.000 en promedio, cuando el valor real sería de $159.000 por unidad. Así, existiría un detrimento de $412.603.420», precisó en su momento el ente investigador en la audiencia de imputación.
El alcalde, su secretario y el contratista responden por los delitos de interés indebido en la celebración del contrato, peculados por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, cargos que ninguno aceptó.
Ospina es el tercer alcalde con apoyo del Centro Democrático en problemas con la justicia por motivos relacionados con la emergencia sanitaria. El primero fue el alcalde de Sincelejo, coavalado por el uribismo, que fue suspendido por la Contraloría y luego reintegrado al cargo tras la detección de sobrecostos en los mercados para personas vulnerables por la pandemia.
También fue llamado por la Fiscalía a dar su versión y le archivaron la indagación, pero lo mismo no sucedió en la Procuraduría, donde está en juicio disciplinario junto con tres funcionarios de su despacho.
Y la alcaldesa de Sucre (Sucre), Elvira Mercado Acevedo, estuvo suspendida por la Procuraduría por más de tres meses y le habían prorrogado por tres meses más debido a que violó, presuntamente, la cuarentena obligatoria tras conocerse videos en los que se le ve en una fiesta. Pero le levantaron la suspensión hace poco por considerar que ya no es un riesgo para la recolección de pruebas. El proceso disciplinario continúa.
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