El Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo anunció que la fiscal Yeine Lin Hernández Arrieta será condenada por el delito de concusión.
La funcionaria, quien es fiscal 17 seccional de infancia y adolescencia y estuvo en la audiencia en la que pese a ser pública no permiten fotos, escuchó el veredicto en medio de lágrimas.
El caso lo llevan los magistrados Leandro Castrillón y Lucy Bejarano, esta última autora de la ponencia condenatoria.
Hernández fue denunciada por el entonces exalcalde Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo, hoy alcalde suspendido de San Benito Abad, por exigirle 60 millones de pesos para favorecerlo en un proceso judicial.
Los magistrados están convencidos de que la fiscal actuó en nombre de Farides Sáenz Sierra, para entonces subdirectora de la Fiscalía en Sucre.
«A esa conclusión se llega luego de hacer la valoración conjunta y crítica dentro de las pruebas presentadas en la base probatoria del juicio, en tanto que la Sala adquirió conocimiento más allá de la duda acerca de la existencia del delito de concusión y de la responsabilidad mencionada de la acusada, en la medida en que está acreditado que esta, en su condición de fiscal 17 de Unidad de Infancia y Adolescencia de Sincelejo, hablando en nombre de otro, le solicitó al señor Manuel del Cristo Cadrazco la suma de 60 millones de pesos para lograr de que no se imputaran cargos ni se le librara orden de captura por enriquecimiento ilícito», sostuvo la magistrada.
No sirvió
La condena contra la fiscal se producirá pese a que Cadrazco se echó para atrás en su denuncia, sobre lo cual la magistrada también se pronunció.
La togada consideró que la grabación que aportó Cadrazco a la Fiscalía y a medios de comunicación de Sucre donde reventó el escándalo, no había sido editada y que sí probaba la exigencia económica.
La Fiscalía pidió al Tribunal que no haya ningún tipo de beneficio contra la acusada porque se trata de un delito contra la administración pública, que prohíbe cualquier prebenda.
La Procuraduría pidió lo mismo, pero se inclinó porque impongan la pena más baja porque la fiscal no tiene antecedentes ni ha obstruido la justicia.
La defensa solicitó que la pena a Hernández la pueda pagar en casa por cárcel porque sus padres, y sus dos hijos, universitarios y mayores de edad, dependen económicamente de ella.
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