El Gobierno nacional reconsideró su decisión de retirarle el esquema de seguridad a Íngrid Vergara Chávez, defensora de derechos humanos del departamento de Sucre.
Vergara, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Sucre, había denunciado en Twitter que, pese a las reiteradas amenazas en su contra, ya no contaba con protección especial.
Por eso su hija Cendi Torres emprendió una campaña en esa red social para alertar del riesgo latente de que su madre fuera víctima de hechos violentos.
A esa campaña se sumaron líderes de la política nacional como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Daniel Samper, entre otros, que con su presión social consiguieron que el Gobierno restableciera las medidas a la lideresa.
Así lo comunicó ella en Twitter:
Acaba de llegar funcionario de @UNPColombia a hacer implementación del vehículo asignado a mi esquema de proteccion, gracias a la presión ejercida por la sociedad civil, la lucha porque se garantice la vida y la protección de defensores y defensoras de derechos humanos inicia.
— Ingrid Vergara (@ChaveVergara) January 10, 2020
El restablecimiento de su esquema fue gradual; primero le asignaron un escolta y luego el vehículo blindado que ha tenido desde años para ejercer su defensa de los derechos humanos.
Vergara tiene un riesgo extraordinario porque ha sido amenazada, lo mismo que su núcleo familiar, y también por los delicados casos que acompaña.
Entre estos están el pedido de medidas cautelares para la finca El Palmar, otrora epicentro paramilitar de Sucre, los cementerios de San Onofre y de Rincón del Mar, donde puede haber cuerpos de personas desaparecidas a causa del conflicto armado.
También acompaña a los campesinos de la finca La Europa, en Ovejas, a recuperar sus tierras despojadas por los violentos, y en el caso de Sucre-Sucre, a que las víctimas de la masacre de La Guaripa hallen justicia.
Comentarios en Facebook