La reciente audiencia que la JEP llevó a cabo en Sincelejo para escuchar a víctimas de masacres y otras graves violaciones de los derechos humanos en Montes de María incluyó el pedido de un proyecto de restauración.
Este proyecto busca, principalmente, un acto reivindicativo «y de reconocimiento de la crudeza de los hechos y de las profundas relaciones de la fuerza pública con grupos paramilitares durante un largo período».
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que acompaña a las víctimas en este proceso, explicó que lo que esperan las víctimas es que los actos restaurativos aporten a la permanencia digna en los territorios mediante el fortalecimiento de la producción.
Igualmente, que se puedan recuperar las costumbres y tradiciones, y que se generen espacios para la construcción colectiva de la memoria en los Montes de María, «que son de gran importancia para las víctimas».
«También hay un gran interés por el acompañamiento psicosocial, el cual va desde lo individual hasta lo colectivo, pues existe un vacío de años en este tema», señaló el CAJAR.
La Ruta de la Vida
Otro deseo de las víctimas, tanto en individual como en colectivo, es que se resignifique la ruta que usaron los violentos para cometer masacres y otros crímenes.
Los caminos, conexos entre sí, que transitaron los paramilitares, «en connivencia con la fuerza pública», de población en población, fueron durante años una ruta de la muerte. Por eso las víctimas quieren que se implemente la Ruta de la Vida
«Una forma de reapropiar el recorrido que los violentos hicieron hace años para generar movilización entre municipios, a través de ejercicios de memoria entre habitantes y visitantes de la región, visibilizando proyectos productivos, tradiciones gastronómicas y culturales», es la propuesta.
Justicia
El Colectivo de Abogados, como representante de las víctimas, precisó que estás esperan, por supuesto, justicia, y que esta se relaciona con el derecho a la verdad, «necesaria para la construcción de la paz»; que las sanciones y la restauración sean importantes, y que se incorporen garantías de no repetición.
«En el marco del esclarecimiento y el acceso a justicia, deberán adelantarse actividades investigativas que vayan más allá de quienes integraron la Brigada Primera de Infantería de Marina, avanzando en quienes integraron el Comando Central de la Armada, así como la División Atlántico para el momento de los hechos», demandó el Colectivo, que no duda de la «fuerte alianza» entre paramilitares, fuerza pública y otros agentes del Estado.
«El CAJAR, como representante de las víctimas, estará al tanto de las decisiones que se tomen sobre el caso, con el fin de garantizar la participación de las víctimas y de nuestro acompañamiento psicojurídico en cada una de las etapas, todo con el objetivo de lograr el tan esperado acceso a la justicia», concluyó la ONG.
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