La Procuraduría llamó a las autoridades de Sucre y Bolívar a que presten las medidas necesarias para la localización de 2.800 personas desaparecidas en la región.
El pedido del Ministerio Público es que las entidades territoriales destinen recursos para la disposición de los cuerpos, brinden atención psicosocial a las familias de las personas dadas por desaparecidas en Montes de María y Golfo de Morrosquillo y promuevan el pacto regional de búsquedas.
Este último es liderado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y entre sus primeros grandes avances está la ubicación de fosas con restos de posibles víctimas de desaparición.
Sobre el pacto, la Procuraduría señaló que es con el fin de gestionar de manera articulada la entrega de estas personas.
El organismo de control requirió establecer lineamientos para garantizar el cuidado, protección y preservación de cementerios y lugares «en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada con ocasión del conflicto armado en Colombia».
«Así mismo, hizo un llamado a la Unidad para las Víctimas para que reconozcan la condición de familiares de personas desaparecidas, que aún no han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas», se lee en una nota web de la Procuraduría.
«Se han evidenciado necesidades relacionadas con la coordinación institucional para garantizar a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición», añade el Ministerio Público, que pide fortalecer la implementación de los planes de prevención y protección, así como el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y los planes de contingencia en ambos departamentos.
«Desde la Procuraduría reconocemos la relevancia que tienen para las víctimas de desaparición forzada y sus familiares las acciones que se desarrollarán en el marco de este Plan Regional, y como hemos advertido en nuestro ejercicio de seguimiento preventivo a la implementación del Acuerdo de Paz», sostiene el escrito.
Diana Cadena, procuradora delegada para seguimiento al Acuerdo de Paz, concluye que estos planes representan una oportunidad para fortalecer la articulación entre entidades del orden local, departamental y nacional, y la respuesta estatal a los derechos de las víctimas.
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