Se ha convertido en paisaje en los últimos días que menores o adultos desaparezcan en distintas regiones del país y luego aparezcan.
Son casos de aparente evasión de sus hogares, como los llama la Policía. Merecen, por supuesto, toda la atención, pero hay un debate alrededor de estas evasiones, difíciles de detectar: que al Estado le cuesta muchos millones buscar a alguien que se ha ido de su casa, pero que por ser menor de edad o por haberse ido en circunstancias preocupantes debe ser buscado.
El caso de los menores de Sincelejo que residen en la zona norte, desaparecieron el martes y aparecieron ayer, es una muestra de este desgaste.
Estaban con un familiar, se vieron expuestos en redes sociales, llamaron a sus familiares y les dijeron que estaban bien.
Evidentemente, hay muchas explicaciones por dar, tanto de parte de su familia, como de ellos, de 13 y 16 años.
La Policía los trasladará hasta Sincelejo. Aparecieron en Medellín, después de un despliegue necesario, pero costoso.
Es sano preguntarse si estos casos afectan la prioridad de las autoridades, es decir, si la búsqueda es, desde un principio, como debe ser, pues pasa por del pastorcito mentiroso, que cuando necesita la ayuda verdadera, se le niega.
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