Doce familias campesinas del municipio de Colosó recuperaron las tierras que habían perdido a causa del conflicto armado en el corregimiento Bajo Don Juan.
Se trata de 96 hectáreas que habían abandonado de manera forzosa y que les fueron entregadas por orden del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.
A cada familia le corresponden 8 hectáreas y también deben garantizarles la implementación de proyectos productivos «que les posibiliten superar las condiciones de vulnerabilidad».
Para esto último, las familias a las que les restituyeron serán beneficiarias de iniciativas productivas de ganadería doble propósito y cultivo de marañón asociado con yuca.
«Los proyectos tendrán una inversión superior a los $463 millones por parte de la entidad y contarán con la asistencia técnica de profesionales del agro», informó la Unidad de Restitución de Tierras.
Abel Ruiz Cárdenas, uno de los beneficiarios, se mostró ansioso de volver a cultivar su tierra y de experimentar la siembra de marañón.
«El marañón es algo nuevo para nosotros, pero estamos contentos porque sabemos que va a ser bueno para la economía, lo importante es que podamos sacar adelante nuestros proyectos, colaborándonos los unos a los otros», añoró.
La asistencia para los cultivos no es la única medida en favor de estas familias; también deberán ser priorizadas en la lista de subsidios de vivienda rural y la implementación de sistemas de alivio «y/o condonación de pasivos a favor de los núcleos familiares».
Las tierras que abandonaron estos campesinos les fueron adjudicadas por el antiguo Incora en 1993 y en ellas sembraron yuca, maíz y tabaco.
«Sin embargo, entre los años 2002 y 2004 se vieron obligados a desplazarse forzosamente a la ciudad de Sincelejo, debido al temor generado por grupos armados al margen de la ley que hacían presencia en la zona y al hallazgo de una fosa común dentro de un pozo artesanal ubicado en la parcelación. Con el tiempo perdieron la esperanza de volver y algunos vendieron sus terrenos», se lee en la sentencia de restitución.
Esa sentencia también ordena que el segundo ocupante, es decir, quien la compró de buena fe, sea compensado económicamente.
«Estas decisiones judiciales permitirán brindar garantías de acceso a tierras y mejores condiciones de vida a familias que dependían de las parcelas que fueron devueltas a sus legítimos dueños», añade la decisión judicial.
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