El Comité de Defensa por la Dignidad del Departamento de Sucre denunció en Procuraduría Regional de Sucre, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de la República y medios de comunicación locales y nacionales al gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver.
En un escrito de tres páginas, el Comité alertó de la posibilidad de que el gobernador use 800 cargos del sector salud, en concreto de las ESE u hospitales públicos que se fusionaron, para impulsar la candidatura de Lucy García Montes a la Gobernación de Sucre.
García Montes, quien recientemente recibió el aval liberal de manos de la senadora Karina Espinosa, hermana del gobernador, es exfuncionaria del despacho del mandatario y exalcaldesa de Sincé, de donde son los tres.
La denuncia del Comité expresa la preocupación y el riesgo de corrupción electoral si el Ministerio de Salud aprueba la planta de personal del Hospital Universitario de Sincelejo, que absorbió a las ESE de San Marcos, Betulia y Corozal.
«El gobernador va a aprovechar esto como fortín político, haciendo negociaciones con los distintos políticos de Sucre para que puedan adherirse a la campaña de su candidata a la Gobernación de Sucre», se lee en el documento.
¿Firmó o no?
Uno de los puntos de la alerta exhorta a los organismos de control sobre la posible firma por parte del gobernador, previa entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, de un acto administrativo para adoptar la nueva planta de cargos.
«Los cuales ya tiene negociados con diferentes políticos de la región en su afán desmedido de poder para lograr a cualquier precio que la fusión funcione y le sirva para lograr sus objetivos políticos de perpetuarse en el poder cueste lo que cueste», añade la denuncia.
Si se da la firma, advierte el Comité, los 800 cargos que quedan a disposición del gobernador, son la gasolina para la campaña de su candidata.
Los empleados del sector salud aseguraron sentirse en incertidumbre y en desánimo porque nadie les garantiza su estabilidad laboral.
sucrenoticias.com consultó a la oficina de Comunicaciones de la Gobernación, pero, en el momento de escrita esta nota, no habíamos recibido respuesta.
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