Decenas de bienes inmuebles que sus propietarios perdieron –y otros que van por el mismo camino– por su uso para actividades ilícitas como la comercialización de drogas alucinógenas han sido ocupados sin permiso y por vías de hecho en el departamento de Sucre. Dicho de otra forma, están invadidos, aunque sean casos de menor escala.
Se trata de 77 bienes que se encuentran en los municipios de San Pedro, Sincelejo, Caimito, Corozal, Coveñas, Guaranda, Sampués, San Benito Abad, Sincé, San Marcos, San Onofre, Tolú y Toluviejo. Es decir, en 13 de los 26 municipios de Sucre.
Un inmueble más está “en verificación”, lo que indica que la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad del Estado que recibe y administra los bienes muebles e inmuebles producto o utilizados para actos delictivos, desconoce aún si también fue ocupado por vías de hecho.
Estos datos fueron suministrados por la SAE a este diario mediante un derecho de petición, y que ello esté ocurriendo es motivo de preocupación para autoridades como la Policía, pues, con la extinción de dominio –concretada o en proceso– buscan erradicar los focos de delitos, uno de esos el tráfico de estupefacientes.
Pero, cuando el Estado pierde el control de esos bienes, se abre la posibilidad de que quienes hoy los ocupan de manera irregular los vuelvan a utilizar para delinquir.
Llover sobre lo mojado
El teniente coronel Francisco Narváez, comandante operativo de la Policía en Sucre, explicó que la ocupación ilegal de inmuebles sometidos a extinción de dominio da lugar a que muchos de ellos “pueden estar siendo ocupados, nuevamente, por las personas que estaban dedicadas a actividades irregulares”.
“Y nuevamente el proceso con la Fiscalía General de la Nación para poder intervenir esos bienes y reorientar la aplicación de la norma inicial, que es extinguir totalmente el derecho al dominio para evitar el uso o utilización de estos bienes para temas irregulares”, sostuvo.
La propiedad con la que se refirió el coronel es porque, en el caso de la Policía, su labor alrededor de la extinción de dominio va mucho más allá de acompañar a la Fiscalía a pegar sobre la fachada de una propiedad un aviso que informa que esta ya no le pertenece a su dueño.
A través de su policía judicial, la Sijin, la Policía acompaña desde el día uno un proceso de extinción porque ayuda a recopilar pruebas para entregarlas a la Fiscalía y esta a su vez las lleva ante un juez para pedir que le quiten un bien a quienes delinquen desde o con él.
Por eso, cuando uno de estos bienes es ocupado de manera ilegal, es como si echara a perder un largo proceso investigativo de varias entidades, o por lo menos se viera amenazada toda esa labor.
Sincelejo, el más afectado
En Sucre hay 10 bienes con extinción de dominio al 100 %, y nueve de ellos están ocupados de manera ilegal. De quiénes eran y por qué la Justicia ordenó quitárselos a sus propietarios, esa es una información que la SAE no maneja porque “no es parte interviniente en el proceso”.
De esos 10 bienes, cinco están en el barrio Camilo Torres, uno en el barrio Las Mercedes, uno en el barrio Gaitán y otro en la vereda Suba, todo esto en Sincelejo. El noveno está en el barrio Primero de Mayo, del municipio San Pedro.
Es decir, Sincelejo es el municipio más afectado por la ocupación ilegal. Pero no solo de bienes totalmente extintos, también de bienes en proceso de extinción. Sebastián Cabellero Ortega, vicepresidente jurídico de la SAE, nos informó que, de los 56 bienes bajo ese estado en la capital de Sucre, 37 están ocupados.
“Como se indicó previamente, el estado «ocupado» hace referencia a ocupación irregular realizada mediante vías de hecho, ostentada sin justo título que faculte la ocupación de bienes que conforman el [Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado] Frisco”, aclaró.
Otros dos bienes están “en verificación”, seis están arrendados y 11 están desocupados.
En la lista de ocupaciones irregulares siguen Corozal (6), Coveñas (6), Sampués (5), Tolú (3), Toluviejo (3), San Benito Abad (2), San Onofre (2), y Caimito, Guaranda, Sincé y San Marcos (1 cada uno).
En total, la SAE tiene en Sucre 111 bienes inmuebles a su cargo en proceso de extinción, de los cuales 68 están ocupados. Y se le suman los nueve con extinción total: 77. O sea, la mayoría de esos bienes ya no están bajo su control, o por lo menos solo lo están en el papel.
Cincuenta de esos 111 bienes ocupados ilegalmente están bajo depósito provisional, mientras que solo 18 están bajo administración directa de la entidad estatal.
«No son invasiones»
En el caso de Sincelejo, el municipio más golpeado por este problema, el secretario de Gobierno, Mario Yeneris, sostuvo que no es correcto hablar de invasión, “como cuando hay una invasión de lotes o de terrenos”, porque se trata de inmuebles habitacionales, como casas.
A su despacho no ha llegado por parte de la SAE ningún tipo de proceso o querella policiva para recuperar esos inmuebles.
“Pero no son invasiones. Es completamente diferente. Invasión es cuando tienes un terreno y se te metieron 20, 30, 50, 100 familias. Acá son inmuebles habitacionales que, si los están ocupando, lo ocupará algún particular, o alguna familia en específico”, argumentó.
Yeneris añadió que para que la SAE pueda recuperar esos inmuebles debe iniciar un proceso ante la Alcaldía en busca de un desalojo. A diferencia de la Policía, que está preocupada por el posible uso de esos bienes nuevamente para actos ilícitos, Yeneris precisó que “no ha recibido información de algún acto ilícito” en estos.
Si la ocupación de ese inmueble lleva más de seis meses, la SAE debe acudir ante un juez y no ante la Alcaldía, pues se trata de bienes privados, señaló el funcionario.
El inventario de estos inmuebles y su estado de ocupación, según la SAE, pudo haber variado en el último mes debido a la “constante depuración jurídica y administrativa”.
En cualquier caso, la SAE tiene un arduo trabajo en Sucre para empezar a recuperar lo que un día fue escenario de delitos y que hoy está en riesgo de correr la misma suerte.
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