Afinia filial del Grupo EPM, lideró un encuentro con las empresas públicas Veolia y Surtigas, la Infantería de Marina y la Policía Nacional con el fin de trabajar de manera conjunta por la seguridad del personal operativo y activos de las empresas ESP.
Uno de los casos expuestos fue el ocurrido el pasado 7 de febrero cuando un habitante de calle se hurtó un cable conductor en la subestación Boston y dejó sin servicio de energía a más de 8 mil personas de barrios de la zona urbana y sectores de la zona rural.
Entre los barrios afectados estuvieron El Socorro, Florencia, Libertad, La Toscana, Margaritas, Medellín, Nueva Venecia, San Antonio, San Miguel, Sincelejito, Venecia, Venecia Antigua, Urbanización Caja Agraria, Los Alpes, Villa Padua y vía Sincelejo – Corozal.
Los representantes de las otras empresas dieron a conocer los acontecimientos de los que han sido víctimas y las acciones que han tomado con apoyo de la Fuerza Pública.
Entre las conclusiones estuvo mantener la articulación, información oportuna a las autoridades sobre los hechos y posibles autores, y la capacitación por parte del Gaula y la Sijin a los contratistas y coordinadores operativos de las compañías con el fin de que tengan herramientas básicas de cuidado y protección.
Así mismo, la elaboración de planes conjuntos para la lucha contra las conexiones ilegales de energía, agua potable y gas domiciliario.
El jefe territorial, Randy Federico Martínez, invitó a los clientes-usuarios para que den a conocer situaciones irregulares o denuncias a través de los canales virtuales, línea 115 o a la Policía, cualquier información sobre hurto de materiales o personas que se encarguen de la compra de los mismo, contará con absoluta reserva.
El cuidado de la infraestructura de las empresas de servicios públicos como activos estratégicos de la Nación es compromiso de todos, en beneficio del bienestar y desarrollo de nuestras comunidades. Unidos por la legalidad construimos de un sistema de servicios públicos más justo y seguro para todos los habitantes.
El artículo 256 del Código Penal Colombiano establece sanciones severas para quienes incurran en la defraudación de fluidos, con penas de hasta 72 meses de prisión y multas de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Comentarios en Facebook