Como si fueran pocas las tachas de irregular que sufrió en sus inicios, el multimillonario contrato para la construcción de la vía Las Tablitas-San Marcos empezó este jueves de forma accidentada.
Tan pronto el gobernador Édgar Martínez Romero instaló en su despacho la audiencia para la adjudicación de esta trascendental obra, llovieron las inconformidades de una buena parte de los 19 proponentes y hasta apareció una queja en la Procuraduría.
Martínez apenas pudo leer el acta de la instalación, pues los oferentes presentaron observaciones verbales y escritas de todo tipo.
Dos en particular llamaron la atención: la queja ante la Procuraduría, que se relaciona con una supuesta respuesta extemporanea por parte de la Gobernación, y la intervención de Inocencio Meléndez, el condenado abogado de San Onofre que fue subdirector del IDU en Bogotá.
Él, contra quien pesó una sentencia de siete años de cárcel por corrupción en contratos estatales, se presentó como apoderado de una firma que quiere quedarse con el contrato, por valor de 150 mil millones de pesos para más de 40 kilómetros de pavimentación.
«Estoy de acuerdo con que la audiencia se suspenda para resolver las observaciones que se han venido presentado, pero también le solicito, en virtud de ese principio de economía, que la administración no la prorrogue de manera indeterminada», sostuvo el condenado exfuncionario al gobernador.
Otro de los proponentes quiso intervenir y el gobernador le respondió en voz alta y visiblemente molesto a su observación.
Martínez lució gran parte de la diligencia cabizbajo y callado.
John Oviedo Pérez, quien era el director del Fondo Mixto de Cultura y ahora es asesor del gobernador, declaró suspendida la diligencia para resolver las múltiples inquietudes presentadas.
La audiencia continúa este viernes, a las 9:00 de la mañana, en el salón Corcovao de la Gobernación, pues el despacho del gobernador quedó pequeño para ella.
Martínez salió por la parte trasera de su despacho y omitió hablar ante la prensa sobre este contrato que fue revocado hace unos meses porque la Procuraduría y la Cámara Colombiana de la Infraestructura alertaron de irregularidades.
“El gremio de la infraestructura, a su turno, no descarta presuntos intereses políticos, ligados incluso a la financiación de campañas en dichas regiones, detrás de tales procesos”, sostuvo en mayo la Cámara en un comunicado.
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