Este sábado, 4 de diciembre, se cumplen 25 años de uno de los primeros hechos violentos más graves ocurrido en los Montes de María: la masacre de Pichilín, en Morroa.
Documentada de manera más detallada hace dos años por un reportero de este diario y dos del periódico Al Día, es la primera incursión de los paramilitares en los Montes de María en Sucre, y fue el inicio de un recorrido conocido tristemente como la ‘Ruta de la muerte’, que marcó el horror que causaron las Autodefensas en esta próspera y fértil región de Colombia mediante las masacres.
Como cada 5 de diciembre, la población de Pichilín no dejará pasar por alto esta fecha; las víctimas tienen un monumento a orilla de la vía principal con sus nombres propios.
El Consejo de Estado también se ha unido a la conmemoración mediante la publicación de un documento con jurisprudencia sobre graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
En la justicia administrativa, cuyo órgano máximo en Colombia es el Consejo de Estado, está demostrado, como en otros casos, que el Estado fue responsable de estas muertes porque no garantizó la vida de las víctimas.
Así se lee en el extracto de la sentencia por este caso, emitida el 9 de julio de 2014 con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero.
«El daño tuvo origen tanto en la esfera de la acción así como en la omisión estatal, en la medida en que si bien se comprobó que ningún agente militar actuó en la comisión de la masacre de Pichilín, sí prestaron su colaboración activa para que la misma pudiera llevarse a cabo con total impunidad y además era de público conocimiento que los miembros del grupo paramilitar que operaban en la zona, eran quienes empleaban esta modalidad de delitos para lograr sus cometidos», dice un aparte de la publicación de la alta corte.
Sabían lo que iba a pasar
Y añade que esta situación era «bien conocida» por la fuerza pública, pues omitió la labor de protección y vigilancia de los habitantes de la zona, de la que había recibido múltiples denuncias y quejas sobre las amenazas a la población civil.
«En este evento la responsabilidad del Estado se vio comprometida de forma especial y particular, porque precisamente, la administración pública -y especialmente en los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “Convivir” cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad al fenómeno del paramilitarismo, cuyo objetivo era exterminar a los grupos subversivos, pero que terminó involucrando a la población civil, en su mayoría ajena al conflicto. Fue precisamente ese comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales», se lee en otro aparte.
Las entidades de la fuerza pública ya mencionadas fueron condenadas por el Consejo de Estado y ordenó las siguientes medidas pecuniarias y no pecuniarias:
Este extracto lo puedes encontrar presionando el siguiente enlace (páginas 395 a 397).
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