El primer gran efecto de la investigación contra Édgar Martínez Romero, gobernador de Sucre, por parte de la Procuraduría, debida a presuntas irregularidades en la contratación de una vigencia del Programa de Alimentación Escolar (PAE), se dio, públicamente, este lunes.
No precisamente por cuenta de la Procuraduría, sino de él mismo. Ocurrió durante una reunión con alcaldes de Sucre en el auditorio Corcovao de la Gobernación, donde Martínez expresó, sin rodeos, que se abstenía de manejar los recursos de la estampilla pro adulto mayor, a causa de las posibles implicaciones jurídicas nocivas en su contra.
«Quiero dejar con ustedes mi posición clara de que no quiero manejar el proyecto (del adulto mayor). Viendo toda esta serie de requisitos, creo que viene una gran responsabilidad por parte de los alcaldes para cumplir con eso porque, como lo hemos visto, si no se hacen las cosas como están estipuladas en la norma, le tocaría al gobernador actuar», anunció el mandatario desde la mesa principal.
Con esta afirmación, el gobernante cedió el manejo de los recursos de estampilla a los alcaldes y resaltó sus «fluidas» relaciones de gobierno con ellos.
El llamado a que lo hagan quedar bien
«Entonces, de acuerdo a las «peluqueadas» que se le den a este decreto (el del manejo de los recursos de la estampilla), que confluyan los pensamientos de ustedes, que no vayan en contra de la normatividad, que sea consensuado, y nosotros estamos dispuestos a colaborar, a coadyuvar para que, primero, salga un buen decreto; y segundo, en su ejecución vamos a estrictos en el cumplimiento pues como queda dicho ahí, la responsabilidad última es del gobernador», sostuvo.
Más adelante, al finalizar la reunión y tras las intervenciones de alcaldes, Martínez bajó la temperatura a sus declaraciones y, a instancias de los periodistas presentes y con gestos de querer replantear lo antes dicho, respondió:
«¡No, no lo llevo hasta allá tampoco! ¿Qué estamos tratando de hacer, en las buenas relaciones con los alcaldes, como lo están haciendo también otras gobernaciones? Ustedes saben la dificultad que se nos ha presentado con el PAE de que sea el ente territorial llamado gobernación para llevar con suficiente destreza, con suficiente prontitud, que lleguen los alimentos de buena calidad», señaló.
Por eso, explicó, lo ideal es contratar con el mismo operador del PAE para que ejerza las funciones de este programa y las que tiene el Estado con los adultos mayores pobres, que deben ser atendidos en centro de vida.
«Lógicamente, en el decreto que estamos socializando, que tenga supervisión, veeduría y se dé ese mejor control que necesitamos para que el proyecto sea operable, satisfactorio y nuestros adultos mayores tengan una mejor atención. Creemos que con la experiencia que hay, manejado por las alcaldías, podemos llevar un buen programa para nuestros adultos mayores», concluyó.
¿Cómo funcionará?
La Gobernación, a través de la estampilla proadulto mayor, ha recaudado, a corte del mes de junio, 4.428 millones de pesos. El 70 por ciento de esta cifra debe ser destinado a los centros vida, y el 30 por ciento restante, a los centros de bienestar.
Alfredo Tovar, funcionario de la Secretaría de Planeación departamental, explicó que la distribución a los municipios se dará teniendo en cuenta el cumplimiento de una serie de requisitos que se contemplarán en un decreto que está elaborando la administración.
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