Pancartas, arengas y discursos espontáneos contra la corrupción administrativa y un cacerolazo abrieron este lunes la jornada laboral en la Gobernación de Sucre y formaron parte del ambiente exterior de la Asamblea mientras esta sesionaba.
El acto fue protagonizado por colectivos y organizaciones de la sociedad civil que advierten del riesgo de privatización de entidades descentralizadas del sector salud por un proyecto que cursa en la Asamblea de Sucre.
Carmen Covo, sindicalista del sector salud, aseguró que el proyecto entrega los tres más grandes hospitales de Sucre al gobernador, así como las 26 empresas sociales del Estado.
«No estamos de acuerdo ni vamos a estar nunca de acuerdo con nadie que venga a hacer este crimen para el departamento de Sucre de entregar los hospitales a una institución privada porque van a quedarse con los recursos», sostuvo.
Covo aseguró que la situación ya se ha vivido en el departamento y puso de ejemplo la ESE de Colosó, que unificaron con la ESE de Chalán, lo que, según ella, provocó el robo de recursos.
«Y ahí están los dos hospitales, cayéndose y en una desidia», añadió, al tiempo que lamentó la falta de presencia de miembros del sindicato por «miedo al gobernador» o «porque son aliados en la política».
«Esto (los hospitales) no son de ninguna familia del departamento ni está escriturado a nadie, esto dice en la Constitución que es la red pública para la atención, no para que los venda y se los entregue a familias enriquecidas para que vengan a explotar y a dejar los hospitales destartalados», precisó.
La Central Unitaria de Trabajadores, subdirectiva Sucre, recordó que el pueblo necesita de los servicios públicos de salud y que el deber de los administradores de turno es respaldar este propósito.
De cal y de arena
Este lunes también hubo otra manifestación en el sector salud. Fue en el Hospital Universitario de Sincelejo, donde la cuestionada agente interventora, Inés Bernarda Loaiza Guerra, nombrada por la Superintendencia Nacional de Salud, recibió una muestra de apoyo a su gestión.
Empleados directos e indirectos le hicieron una calle de honor luego de que este fin de semana aparecieran carteles en las que la señalaron de «delincuente de escritorio».
La gestión de Loaiza, que completa 17 meses a razón de $26 millones por mes, ha sido objeto de reparos porque ha contratado, según un diputado, dos veces con una firma cuyo representante está sancionado por la Procuraduría, y también porque ha prometido el pago a exempleados sin que ello sea realidad.
Estos últimos protestaron la semana pasada luego de que ella los dejara plantados, según afirmaron, tras citarlos para buscar salida a la deuda que, en el peor de los casos, es de dos años de salarios.
La Supersalud ha mantenido silencio frente a los cuestionamientos por contratación presuntamente irregular y por el incumplimiento en los pagos de salarios a trabajadores desvinculados.
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