La indagación preliminar que abrió la Fiscalía por presuntos sobrecostos en los mercados que compró Andrés Gómez Martínez, alcalde de Sincelejo, para personas pobres fue archivado.
Así lo comunicó el mandatario este jueves 25 de junio a través de un delegado de la oficina de Jaime Granados, abogado del alcalde y quien envió a este medio un comunicado de prensa con membrete de la Alcaldía, aunque sin firma ni número consecutivo.
El delegado nos informó que el alcalde ha pedido que se utilice el membrete, mientras que de la Oficina de Prensa de la Alcaldía nos informaron que el comunicado oficial es el que fue enviado al grupo de WhatsApp por donde esta dependencia se comunica con los periodistas. Ambos comunicados tienen igual contenido, pero distinto diseño (ver al final).
El escrito, de una página, tiene siete puntos y empieza por señalar que, «con ocasión de la denuncia y algunas publicaciones de prensa que intentaron relacionar al alcalde y a algunos funcionarios» con «supuestos sobrecostos», tanto el mandatario, como su secretario de Desarrollo Económico y las jefes de la oficinas Jurídica y de Contratación «agradecen la solidaridad y el apoyo manifestado en los últimos días por el pueblo de Sincelejo».
«El día 24 de junio de 2020, la Fiscalía archivó la indagación adelantada por dichos hechos, luego de realizar un análisis económico de los contratos y descartar un interés indebido de los funcionarios de la Alcaldía de Sincelejo y revisar detenidamente la legalidad de la celebración y ejecución de los contratos», dice el tercer punto.
En el punto siguiente el comunicado señala que fue «oportuna, necesaria y eficaz la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía» respecto de los contratos celebrados con ocasión de la emergencia sanitaria.
«Recibimos con tranquilidad y responsabilidad las decisiones hasta ahora adoptadas. Acudiremos a la Procuraduría General de la Nación a hacer lo propio, esperando dar las explicaciones que se nos soliciten y obtener la misma justicia y garantías que hasta ahora se nos han otorgado», se lee en el punto 5.
Y añade: «Oportunamente formulamos las acciones penales correspondientes en contra de quien nos denunció y señaló públicamente de comportamientos que no hemos cometido».
Contrario a lo que consideraron la Fiscalía y la Contraloría, esta última la primera en señalar de los sobrecostos al alcalde, el mandatario, el secretario de Desarrollo Económico y las jefes de las oficinas Jurídica y de Contratación fueron llamados a juicio disciplinario en la Procuraduría.
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