Los incumplimientos de los que advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por parte de la entonces alcaldesa de San Onofre, Maida Balseiro, parece haberlos heredado la administración actual.
La JEP informó de la apertura de un incidente de medidas correccionales en contra del alcalde encargado, Eloy Berrío Julio, porque pese a las órdenes del alto tribunal para proteger cementerios donde puede haber víctimas desaparición forzada, estas han sido desatendidas.
«La Sección, en sesión virtual del 9 de junio, decidió aplicar por remisión el régimen jurídico contenido en la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, abrió el incidente ante el desacato a las órdenes impartidas en noviembre de 2019 y el vencimiento de los términos judiciales», informó la JEP.
La Sección con Ausencia de Reconocimiento de la JEP estudia decretar medidas cautelares sobre cuatro cementerios del municipio de San Onofre: los Cementerios Municipal y de Rincón del Mar y las fincas El Palmar y La Alemania.
«Dentro de este trámite, en la audiencia pública celebrada los días 20 y 21 de noviembre de 2019 en Cartagena de Indias, la Sección le ordenó a la Alcaldía de San Onofre (Auto AI 010 y 011 de 2019) desarrollar diferentes acciones para garantizar la protección de estos lugares. Específicamente, la Sección ordenó a la Alcaldía de San Onofre administrar y actualizar la información sobre los cementerios que reposan en el Sistema de Identificación para el Registro de Inhumaciones de Cuerpos no identificados (SIRIC) que le fue entregado; diseñar un plan específico de administración y protección de los cementerios y puntos de interés forense, bajo su jurisdicción; legalizar, sanear y titularizar el predio en el que se encuentra ubicado el Cementerio Rincón del Mar; y reconstruir el monumento de memoria a las víctimas, ubicado en inmediaciones de la finca El Palmar», añadió.
El 28 de mayo de 2020, la Sección volvió a requerir a la Alcaldía de San Onofre para que cumpliera dichas decisiones y también para que garantizara la protección de los cementerios durante la emergencia por la COVID-19 y también sobre el tratamiento, en dos cementerios, de personas fallecidas por esa enfermedad, «dada la existencia de puntos de interés forense de presuntos cuerpos de personas desaparecidas».
Por incumplir estas medidas el alcalde se expone a una multa o al arresto.
«En la audiencia pública referida también se le ordenó a la Fiscalía General de la Nación (Auto AI 013/2019) elaborar un plan de búsqueda de personas desaparecidas en los mismos cuatro lugares, el cual fue entregado por el ente acusador. Por decisión de la Sección (Auto AT-073 del 9 de junio de 2020) el referido documento fue trasladado a las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares, a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBDP) y a la Procuraduría General de la Nación, para que presenten sus respectivas observaciones», señaló la JEP, que indicó que la Gobernación certificó la protección de dichos sitios mediante partidas presupuestales.
«Además, incluyó un programa para la reconstrucción del monumento a las víctimas como mecanismo de reparación simbólica», concluyó.
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