Este jueves 4 de junio se conoció de la orden de la Contraloría General de República de archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, por el que duró suspendido 14 días debido a sobrecostos en dos contratos de mil 900 millones cada uno para entregar mercados a los pobres.
La decisión es de la contralora delegada Juliana Velasco Gregory, quien en un documento de 44 páginas resuelve el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.
Detrás de esta decisión, que, contraria a la suspensión del alcalde fue de un menor despliegue mediático por parte del contralor general, hay un punto clave para que el alcalde Gómez se salvara de la suspensión y de seguir investigado en el órgano fiscal por los contratos de los mercados.
Se trata de un salvavidas que le lanzó Ángel Torres Hernández, su secretario de Hacienda, quien un día después de que el alcalde fuera suspendido, es decir, el 22 de mayo, liquidó unilateralmente los dos contratos que enredaron con las ‘ías’ a su jefe.
«Al haber la liquidación de los contratos, ya no va a haber detrimento, pues los contratos están en ejecución y la Contraloría ahí está haciendo, dentro de la nueva reforma (fiscal), un papel concomitante. Es decir, le estaba advirtiendo, entonces (el alcalde) los suspendió (los contratos), se echó para atrás para que le levantaran la suspensión», explicó a sucrenoticias.com un amplio conocedor de la nueva ley fiscal.
La liquidación se evidencia en el expediente de la Contraloría y se puede corroborar en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), donde publican todos los contratos de las entidades del Estado.
«(…) en desarrollo de la presente causa fiscal se recibieron las versiones libres, con las cuales se aportaron una serie de pruebas nuevas que se incorporaron al plenario y así mismo el señor Andrés Eduardo Gómez Martínez allegó una solicitud de terminación de la presente causa fiscal, la cual acompañó de las actas de liquidación unilateral de ambos contratos, en las cuales ajustó los valores a liquidar al contratista, reduciendo el valor final a pagar por los contratos objeto de la presente causa fiscal», dice el documento de la contralora Velasco.
En el Secop quien firma la liquidación de los contratos 003 y 004 de 2020, los de los mercados con sobrecostos, es Ángel Torres Hernández, y no el alcalde, que fue quien firmó el contrato.
Pero Torres, según las actas, fue «delegado para adelantar trámites de liquidación de contratos». La autorización para este fin la debió dejar oficializada el alcalde antes de ser suspendido.
En el documento de la contralora Velasco también se lee que en el proceso aportaron, en defensa del alcalde, las entregas completas de los mercados, en especial de productos como granos.
Este es el auto de la contralora:
Auto de archivo de la investigación fiscal al alcalde de Sincelejo-04/06/2020 by Sucre Noticias on Scribd
Los que pierden
Los grandes perdedores de este sonado proceso son, sin duda, las firmas Surtivíveres Comercializadora y Distribuidora S.A.S. y Abastos y Fruver El Paraíso S.A.S. No solo por el escándalo nacional que afectó sus nombres, sino porque, al ser liquidado el contrato y solo con el 50% de dinero recibido por parte de la Alcaldía, ya no recibirán el dinero restante.
Primero fueron contratados por una suma, cada uno, de $1.999.950.000 y cuando empezaron a aparecer las denuncias de sobrecostos se las bajaron a $1.769.489.095 (les desmejoraron a cada uno, en $230.460.905). Como esa cifra tampoco le cuadraba a la Contraloría, la Alcaldía volvió a bajar el valor y quedó finalmente en $1.311.783.753,88 (les desmejoraron en $457.705.341,12).
A los contratistas les alcanzaron a girar el 50% del valor del contrato inicial, $999.975.000 a cada uno, por lo que, tras la liquidación, cada uno perderá, respecto del valor inicial, esa misma suma, o sea, la mitad restante.
Al Municipio de Sincelejo, según el acta de liquidación y como lo reconoce la misma Contraloría, le quedan a favor $457.705.341,12 en cada contrato, un total de $915.410.682,24.
Que sí, pero que no
sucrenoticias.com consultó a conocedores de la ley fiscal y nos dieron, bajo la reserva de su identidad, sus opiniones sobre este caso.
Nos explicaron que el contralor general debe emitir un documento conocido como auto, en el que notifica oficialmente del archivo, como lo hizo con la suspensión.
Respecto de cómo queda el alcalde ante la ciudadanía, a la que el mandatario se dirigió después de ser suspendido comunicando por escrito su actuar «transparente», uno de ellos opinó.
«Ahí se ve que algo huele mal, como que era pícaro, pero ya no es pícaro. Lo suspenden para después decir que no hubo nada. La Contraloría queda mal, una «pa’traseada» de esas… grave», expresó.
Al experto tampoco le cuadra la rapidez con la que fue resuelto el proceso, por lo que cree que en el caso pudo haber un manejo non sancto.
Menos le cuadra que el secretario liquidara los contratos sin orden de nadie, pues el 22 de mayo no tenía un superior jerárquico que así se lo pidiera.
«Alguien que no es abogado, un ciudadano del común, me dijo: «¿O sea, eso fue un intento fallido de robo, cómo interpreto eso?», concluyó.
En el momento de escrita esta nota, el alcalde Gómez preparaba un comunicado a la opinión pública.
La orden de archivo no está firme todavía porque la contralora delegada la pasa a consulta de su superior, el contralor general.
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